La decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum de no extraditar al gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, ha generado malestar en el gabinete federal. Varios funcionarios, incluido un secretario de Estado, sostienen que esta negativa provocó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no extendiera el acuerdo comercial con México y Canadá, optando en su lugar por un mecanismo de revisión anual que introduce un periodo de alta incertidumbre económica y desincentiva las inversiones. De acuerdo con fuentes de inteligencia, la decisión de Trump fue una represalia directa, y se anticipa que habrá más acciones en el mismo sentido.
El 29 de junio se cumplieron dos meses desde que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Rocha Moya y a otros nueve servidores públicos en Sinaloa de conspirar con líderes del Cártel de Sinaloa para importar grandes cantidades de droga a cambio de apoyo político y sobornos. La fiscalía estadounidense solicitó su captura inmediata con fines de extradición, pero Sheinbaum rechazó la petición argumentando falta de pruebas. Esto desató un debate sobre una posible violación del artículo 11 del Tratado de Extradición entre ambos países, dejando abierta la posibilidad de una acción unilateral de Washington contra el gobernador y sus presuntos socios.
El debate jurídico y la postura de México
La controversia sobre si México incumplió el tratado se ha trasladado a la arena pública. El gobierno mexicano sostiene que no violó el acuerdo porque la solicitud de detención provisional no acreditaba la urgencia exigida por el artículo 11 ni presentaba pruebas suficientes. En contraste, juristas, opositores y críticos argumentan que México debió ejecutar la detención provisional y que el análisis de las pruebas de fondo debía realizarse después, conforme al mismo artículo que otorga un plazo máximo de dos meses para que la parte acusatoria entregue las pruebas tras la petición.
No existe una respuesta definitiva sobre si el gobierno de Sheinbaum violó o no el tratado de extradición, que es el núcleo de la controversia jurídica, y no si se vencieron los 60 días, pues en los hechos ese plazo nunca comenzó a correr. Estados Unidos sostiene que México sí incumplió el Tratado de Extradición, reclamo que el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, le planteó a Sheinbaum durante una tensa reunión en Palacio Nacional tres semanas después de la acusación. Esto deja el diferendo en un terreno desigual, con capacidad de fuerza y presión asimétrica de un solo lado.
Las represalias de Washington y el futuro de Rocha Moya
Si México decide de manera definitiva no detener o extraditar a Rocha Moya —la pieza que más interesa a Washington por su presunto conocimiento de la arquitectura de las negociaciones políticas del régimen con el Cártel de Sinaloa y los puestos de elección popular pactados—, Estados Unidos dispone de varias herramientas. Aunque ninguna le permite obligar jurídicamente a México a extraditarlo, el costo político y diplomático para el gobierno de Sheinbaum podría incrementarse significativamente.
De hecho, ya está ocurriendo. Washington optó por la mano dura. La administración Trump evitó las opciones graduales, como la presión diplomática para insistir en el cumplimiento del tratado o presentar una nueva solicitud de extradición que resolviera los aspectos técnicos por los que fue ignorada su petición. Estas acciones suelen darse cuando la relación entre dos países es sólida y de confianza mutua, lo que no es el caso.
La agresividad marcó la reacción estadounidense. Tras la conversación airada de Sheinbaum con Mullin, la primera señal de inconformidad fue el anticipo de que no habría renovación del acuerdo comercial y que se impondrían aranceles. La segunda fue el comunicado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros y la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro, donde se afirmó que parte de las ganancias del huachicol se destinan a pagos en efectivo a campañas políticas y medios de comunicación para ayudar a elegir a políticos mexicanos corruptos dispuestos a colaborar con los cárteles. La tercera, ante la inacción sobre Rocha Moya, fue el replanteamiento oficial del T-MEC.
Las opciones más duras sobre la mesa
Opciones más fuertes y comprometedoras están en consideración. Ante la omisión del gobierno mexicano para capturar con fines de extradición al gobernador con licencia, existe la posibilidad de que el Departamento de Justicia lo acuse penalmente en ausencia en la Corte del Distrito Sur de Nueva York y solicite una orden de captura internacional. Esto tiene dos planos.
Uno, explicado por un funcionario estadounidense, es que si detectan a Rocha Moya viajando en cielos y mares internacionales, lo capturarán. El otro, similar al caso del doctor Humberto Álvarez Macháin en el caso del agente de la DEA Enrique Camarena, es que un grupo de caza recompensas lo detenga en México y lo entregue a las autoridades estadounidenses. Una opción más radical es que la suerte de Rocha Moya sea como la de Ismael “El Mayo” Zambada, a quien capturó un comando de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional en Culiacán, en una operación diseñada por el FBI.
Las cuentas y activos de Rocha Moya y sus familiares ya fueron congelados en Estados Unidos, lo que refleja el miedo en el que viven. Una fuente estadounidense reveló que, por esa razón, la familia del gobernador con licencia, a la que había enviado a Los Ángeles tras la imputación de Zambada en su contra, ya regresó a México. El gobernador con licencia sigue escondido en un rancho al norte de Culiacán, protegido por la policía sinaloense, pero vigilado por el Ejército.
Sheinbaum ha blindado a Rocha Moya por exigencia del expresidente Andrés Manuel López Obrador, pero también porque está convencida de que si entrega a uno, le pedirán más políticos presuntamente vinculados con los cárteles. Sin embargo, al hacerlo, destapa una batería de municiones en Estados Unidos que puede ser utilizada si se concluye —como un número creciente de funcionarios cree— que la negativa de México forma parte de un patrón sistemático de incumplimiento en materia de cooperación contra el crimen organizado. Esto podría endurecer la cooperación en seguridad, aumentar la presión diplomática y, si existen fundamentos legales independientes, imponer sanciones dirigidas a personas específicas o revisar aspectos de la relación bilateral.
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