La estrategia trazada la semana pasada en Palacio Nacional busca que todas las críticas por la captura de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, recaigan en el gobierno de Estados Unidos, responsabilizándolo del deterioro de la relación bilateral. Se trata de una apuesta de alto riesgo que la presidenta Claudia Sheinbaum está dispuesta a asumir, aparentemente sin calibrar las posibles consecuencias.
Presión desde Washington
De acuerdo con mensajes recibidos por vía diplomática en el Zócalo, la estrategia para perseguir a políticos mexicanos vinculados con el crimen organizado se coordina directamente desde Washington. El Departamento de Justicia estadounidense prepara acusaciones contra tres gobernadores de la 4T: Marina del Pilar Ávila (Baja California), Alfonso Durazo (Sonora) y Américo Villarreal (Tamaulipas). Aunque sus nombres ya han circulado públicamente, la novedad radica en el compromiso de no entregar a ninguno de ellos ni pedirles que renuncien.
Fuentes federales revelaron que, en lugar de solicitar su salida, se les someterá a auditorías para forzarlos a solicitar licencia. No obstante, la lealtad de estos gobernadores hacia el expresidente Andrés Manuel López Obrador ha demostrado ser más fuerte que la determinación de la presidenta, lo que añade incertidumbre al desenlace de esta estrategia.
Grabaciones comprometedoras
La periodista Héctor de Mauleón difundió una nueva grabación de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, en la que ofrece colaborar con el FBI y proporcionar toda la información de seguridad que ha ‘escuchado’ a cambio de evitar acusaciones formales, similares a las que enfrenta el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Esta grabación no solo desmiente las negativas previas de la gobernadora, sino que evidencia la profunda infiltración de agencias estadounidenses en su círculo más cercano.
La filtración muestra a Ávila aterrorizada ante la posibilidad de enfrentar cargos penales bajo la ley antiterrorismo de Estados Unidos. La filtración por goteo de información está alimentando la paranoia dentro de la 4T ante la posibilidad de que más políticos opten por cooperar con las autoridades estadounidenses.
El papel de Ken Salazar y el intervencionismo
La estrategia presidencial ha convertido al exembajador Ken Salazar en el ‘tonto útil’, acusándolo de mentiroso. Sin embargo, Salazar tiene razón parcialmente: no mintió, ya que su propio gobierno no le informó de la operación de captura por desconfianza. Tanto el exembajador como el gobierno mexicano aprovechan la corta memoria para evadir responsabilidades.
Un informe de inteligencia entregado a López Obrador reveló que la operación fue ejecutada por un comando estadounidense antiterrorista, que dispuso de la escolta del líder del Cártel de Sinaloa. En ese mismo operativo, mexicanos —presuntamente del equipo de seguridad de Rocha Moya— asesinaron al diputado federal Héctor Melesio Cuén.
Ante la insuficiencia de Salazar como chivo expiatorio, la presidenta ha puesto sobre la mesa otros instrumentos: ha dejado de lado la gestión diplomática para exigir explicaciones y castigos por la muerte de migrantes mexicanos a manos de agentes federales, optando por la vía penal en el Departamento de Justicia. También evaluó presentar una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la violación de derechos de Rocha Moya, pero fue persuadida de desistir.
Sheinbaum se ha endurecido en su forma de enfrentar al gobierno de Donald Trump, en un juego de fuerzas disparejo donde carece de las herramientas políticas para contener lo que se avecina. Las acusaciones ya están listas y solo esperan la luz verde de Trump para ejecutarse.
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