El sistema de pensiones administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social en México atraviesa un periodo de transformación histórica, marcado por la progresiva desaparición del régimen conocido como Ley 73. Este esquema, que ha servido como base para el retiro de millones de trabajadores que comenzaron a cotizar antes de julio de 1997, no será eliminado por un cambio legislativo abrupto, sino que se extinguirá de manera gradual conforme fallezcan sus últimos beneficiarios.
Fecha límite y transición generacional
La vigencia de la Ley 73 está jurídicamente limitada a quienes se afiliaron al IMSS con anterioridad al 1 de julio de 1997. Las proyecciones demográficas sugieren que el volumen más alto de solicitudes de jubilación bajo este modelo ocurrirá durante la presente década, iniciando un declive hacia el año 2040 y extinguiéndose por completo en las décadas siguientes, cuando ya no existan cotizantes o beneficiarios de esa generación.
Las autoridades federales y el propio Instituto han reiterado que este proceso constituye una transición generacional natural, no una derogación inmediata por decreto. No obstante, este cambio estructural ha generado inquietud entre adultos mayores y trabajadores de mediana edad que planean su retiro, especialmente aquellos que se encuentran en el rango de 55 a 64 años y cotizaron antes de la reforma de 1997.
Derechos vigentes para la generación en transición
Para las personas que integran la denominada “generación en transición”, el derecho a optar por el régimen de pensiones de la Ley 73 al momento de jubilarse sigue plenamente vigente y protegido por la Constitución. Al tramitar su retiro, el sistema del IMSS les permitirá elegir formalmente, mediante un documento oficial, bajo cuál de los dos regímenes legales desean pensionarse, siendo la Ley 73 la opción predominante por sus ventajas económicas.
Para acceder a este beneficio, los trabajadores deben cumplir con requisitos específicos: tener un mínimo de 500 semanas cotizadas reconocidas por el IMSS, contar con al menos 60 años de edad para la pensión por Cesantía o 65 para la de Vejez, y encontrarse dentro del periodo de Conservación de Derechos, que equivale a la cuarta parte del tiempo total de sus semanas cotizadas a partir de su última baja laboral.
El panorama futuro bajo la Ley 97
La preocupación central de analistas económicos se dirige hacia las generaciones futuras de trabajadores, quienes se pensionarán exclusivamente bajo el régimen de la Ley 97, basado en cuentas individuales administradas por las Afores. En este modelo, la pensión depende únicamente del ahorro acumulado por el trabajador a lo largo de su vida laboral, sin el respaldo financiero directo del Seguro Social.
Para el ciclo de 2026, este esquema exige 850 semanas de cotización, una cifra que incrementará anualmente hasta alcanzar las 1,000 semanas en 2031. Si los recursos en la cuenta individual no son suficientes para contratar una renta vitalicia privada, el Estado solo ofrece una Pensión Mínima Garantizada, cuyo monto se aproxima al salario mínimo, lo que podría situar a muchos futuros jubilados en una posición de vulnerabilidad financiera si no realizaron aportaciones voluntarias adicionales.
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