La empresa minera canadiense Vizsla Silver detuvo de manera provisional sus operaciones en el proyecto ubicado en Concordia, Sinaloa, luego de que 10 empleados, incluidos ingenieros y personal de seguridad, fueran reportados como desaparecidos desde el 23 de enero. La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que inició una carpeta de investigación por privación ilegal de la libertad, clasificada como desaparición cometida por particulares.
Acciones inmediatas tras la denuncia
Según un comunicado de la compañía, aún no se tiene conocimiento sobre el paradero de los trabajadores ni se cuenta con información suficiente sobre el incidente, que ya está siendo investigado. Las autoridades competentes han sido notificadas, y los equipos internos de manejo de crisis y seguridad de la empresa están operando activamente, con el objetivo prioritario de garantizar el bienestar de los afectados.
“La información disponible es limitada”, reconoció la firma, al tiempo que afirmó que “como medida de precaución se han suspendido temporalmente ciertas actividades en el sitio y sus alrededores”.
Protocolos activados por la Fiscalía
La FGE de Sinaloa indicó que el caso fue reportado el 24 de enero mediante una llamada al 911 realizada por la representante legal de la empresa minera, lo que activó de inmediato los protocolos establecidos. Además, se informó que se mantiene una estrecha coordinación entre instancias estatales y federales, como la Comisión Estatal de Búsqueda y la Secretaría de la Defensa Nacional, con el fin de localizar a los desaparecidos.
Como parte de las acciones, el 27 de enero se llevó a cabo una diligencia de cateo autorizada por un juez competente. La FGE de Sonora también se encuentra colaborando en las indagatorias, aunque señaló que la investigación principal corre a cargo de Sinaloa.
Denuncias y reservas en la investigación
“Desde ayer (miércoles) nos comunicamos con nuestros homólogos de Sinaloa, quienes desde un inicio han estado atendiendo el tema desde el más alto nivel. Ellos llevan la investigación y las acciones encaminadas a la localización y recuperación en las mejores condiciones físicas de las personas que tenemos conocimiento están privadas de su libertad”
declaró el fiscal general de Sonora, Gustavo Rómulo Salas Chávez, quien explicó que en su entidad solo existe una denuncia formal presentada por un familiar directo de uno de los desaparecidos, misma que fue remitida a la fiscalía sinaloense para integrarse al caso principal.
Antes se había informado que siete de los trabajadores desaparecidos son originarios de Sonora. Sus familiares han expresado gran preocupación, señalando que un grupo armado habría ingresado al lugar donde se encontraban y se los habría llevado por la fuerza, sin que hasta la fecha se haya recibido comunicación, exigencia de rescate ni rastro de su ubicación.
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