El escenario político de cara a las elecciones de 2027 muestra una fractura creciente dentro de Morena debido a la selección de precandidatos para diversas gubernaturas, mientras que en el ámbito financiero, el presupuesto para el próximo año contempla un incremento significativo en la deuda pública. Estas tensiones internas en el partido oficialista y la carga financiera del Estado plantean retos importantes para la estabilidad de la administración actual.
Las disputas por las candidaturas han generado descontento en estados como Nuevo León, Michoacán y Zacatecas, además de tensiones menos evidentes pero profundas en Baja California Sur, Colima, Sonora y Tlaxcala. Incluso en la Ciudad de México, la alcaldía Álvaro Obregón se encuentra en una zona de conflicto interno. Por el contrario, la oposición, encabezada por el PAN, identifica oportunidades estratégicas en entidades donde la cohesión de Morena es débil, como Baja California Sur y Tlaxcala.
Conflictos por candidaturas y alianzas en riesgo
En Nuevo León, la inconformidad de Tatiana Clouthier ante la designación de Clara Luz Flores como precandidata evidencia una grieta que podría fortalecerse si cuenta con apoyo financiero. En Zacatecas, la situación es crítica para la coalición gobernante, ya que el PT evalúa romper su alianza con Morena tras la selección de Verónica Díaz, decisión que ignoró a la senadora Geovanna Bañuelos. Este conflicto se ha agravado tras las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien calificó al PT como “oportunista”.
En Baja California Sur, la estrategia de la presidenta para asegurar la candidatura de Manuel Cota implicó el sacrificio de Milena Quiroga, lo que ha generado cuestionamientos sobre los vínculos de otros actores locales con el crimen organizado. Por su parte, en Tlaxcala, el nombramiento de Ana Lilia Rivera ha causado un roce directo con la gobernadora Lorena Cuéllar, mientras que en Colima, la designación de Rosa María Bayardo provocó la renuncia del líder del Partido Verde en el estado y protestas de los aliados del PT.
Presupuesto y el riesgo de una crisis financiera
En el plano económico, el presupuesto para 2027 contempla una deuda adicional de 1.7 billones de pesos, lo que significa que 16 centavos de cada peso gastado provendrán de financiamiento externo o interno. Aunque los programas sociales reciben un billón de pesos, la preocupación radica en que las inversiones destinadas a obras emblemáticas de la actual administración requieren un cuarto de billón de pesos y serán gestionadas mayoritariamente por las Fuerzas Armadas.
Se advierte que la combinación de una deuda elevada, inversiones que no generan riqueza inmediata y un bajo crecimiento económico podría derivar en una crisis de finanzas públicas. A esto se suma el impacto del “huachicol fiscal”, cuya evasión se estima en 600 mil millones de pesos anuales, una cifra que representa un tercio del déficit que se pretende cubrir con deuda. Expertos señalan que cualquier cambio en el modelo económico de la presidenta Sheinbaum requerirá una reforma fiscal profunda para evitar un desequilibrio mayor.
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