Aprobación en la Cámara de Diputados
El Pleno de la Cámara de Diputados dio luz verde al dictamen de la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, una iniciativa que tiene como objetivo principal disminuir el manejo de dinero en efectivo y potenciar las transacciones digitales en México. Tras una sesión de debate que superó las cuatro horas, la propuesta fue aprobada en lo particular con un respaldo de 327 votos a favor frente a 122 en contra, por lo que el documento será turnado al Senado de la República para su revisión y votación definitiva.
El diputado Carol Antonio Altamirano, quien preside la Comisión de Hacienda y Crédito Público por parte de Morena, calificó la propuesta como una medida innovadora que busca establecer las bases jurídicas necesarias para que los mexicanos adopten más fácilmente los métodos de pago electrónicos.
Puntos clave de la nueva regulación
La normativa introduce cambios significativos en la interacción digital y financiera de la ciudadanía. Entre las disposiciones más destacadas se encuentra la validación de la CURP digital como un documento de identidad oficial para la contratación de servicios financieros de manera electrónica. Asimismo, se plantea la implementación de un Expediente Digital Ciudadano, el cual tendrá la misma validez jurídica que los documentos físicos para facilitar la gestión de información personal.
La ley busca dar impulso a herramientas como las transferencias electrónicas, tarjetas bancarias, tecnologías NFC, códigos QR y otros sistemas de pago avalados por las autoridades financieras. Además, se establecerá la obligación de que los tres niveles de gobierno acepten pagos digitales en la realización de diversos trámites y servicios públicos. Por otro lado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá la facultad de señalar qué sectores o actividades específicas podrían verse obligados a operar exclusivamente mediante medios digitales.
Críticas y preocupaciones de la oposición
A pesar de los argumentos a favor, diversas fuerzas políticas manifestaron sus dudas sobre el impacto de la ley. Representantes de la oposición señalaron que la transición digital podría representar una carga económica para las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), quienes tendrían que absorber los costos de tecnología y conectividad.
La diputada Verónica Pérez, del PAN, cuestionó la viabilidad financiera para los pequeños comerciantes, señalando que la modernización exige inversiones en terminales, internet y el pago de comisiones interbancarias. Al respecto, la legisladora afirmó:
“Yo les pregunto con toda sinceridad, ¿quién va a pagar todo eso? Porque aquí podemos hablar muy bonito de transformación digital, pero la terminal no se paga con discursos, el internet no se paga con propaganda y las comisiones no desaparecen porque les cambiemos el nombre y les llamemos modernización”
Por su parte, la diputada Patricia Flores, de Movimiento Ciudadano, criticó que se le otorgue excesivo poder a la Secretaría de Hacienda para decidir en qué áreas se prohibirá el uso de efectivo. En la misma línea, el diputado Emilio Suárez Licona, del PRI, advirtió que el proyecto no aborda suficientemente la prevención de ciberdelitos y fraudes financieros, los cuales muestran una tendencia creciente.
Justificación de la iniciativa
En contraste, legisladores de partidos como el PT y el Partido Verde defendieron la necesidad de la ley para cerrar brechas tecnológicas. El diputado Luis Armando Díaz, del PT, explicó que actualmente existe una enorme diferencia en el uso de herramientas digitales, mencionando que mientras la mayoría de las compras menores a 500 pesos se hacen en efectivo, el uso de aplicaciones móviles y transferencias es mínimo.
Finalmente, el diputado Ernesto Núñez, del Partido Verde, sostuvo que esta medida es vital para el crecimiento económico, ya que permite a los pequeños negocios acceder a plataformas digitales y construir un historial crediticio que facilite su financiamiento.
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