La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que se ha llegado a un consenso para establecer normas sobre el empleo de dispositivos móviles dentro de los centros educativos. El anuncio fue realizado por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, durante la realización de la Tercera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria del CONAEDU, donde se determinó avanzar de forma unánime hacia esta regulación.
Para implementar estas medidas, la dependencia llevará a cabo diversas acciones que incluyen asambleas en las escuelas, campañas de información y dinámicas dentro de los salones. Además, se tiene previsto que la SEP distribuya más de 16 millones de guías dirigidas a docentes, familias y alumnos para apoyar este proceso.
Respaldo docente y preocupaciones académicas
La decisión responde a un diagnóstico previo realizado en agosto, donde más de 565 mil docentes participaron en una consulta digital. Los resultados mostraron que el 81 por ciento de los maestros consultados apoya la creación de reglas para el uso de celulares en el aula. Entre las principales inquietudes detectadas por el magisterio se encuentran la falta de atención de los estudiantes, problemas para resolver conflictos entre pares, dificultades en la memoria y una baja disposición hacia la actividad física.
Los profesores sugieren que, de permitirse el uso de estos aparatos, sea estrictamente con propósitos pedagógicos y que las reglas se construyan con la participación de los padres de familia.
Salud mental y enfoque integral
Mario Delgado también mencionó que estas acciones se complementarán con la estrategia denominada “El ABC de las Emociones”, la cual busca proteger la salud mental de los jóvenes de entre 14 y 18 años bajo el impulso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La mandataria ha manifestado su conformidad con la regulación o prohibición de los teléfonos en las escuelas, señalando posibles daños en el desarrollo cognitivo, la conducta y el crecimiento de los menores.
Por otro lado, expertos que analizaron el tema en la Universidad Iberoamericana señalaron la importancia de que cualquier política educativa sea integral. Advirtieron que la regulación debe involucrar al Estado, las familias, los profesores, las empresas y los propios alumnos, evitando que se vulnere la autonomía de los niños o se genere una exclusión tecnológica.
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