Diego Sebastián ‘N’, señalado también como presunto responsable del multihomicidio en Atizapán de Zaragoza, habría utilizado la agencia Shark BTL para defraudar y amedrentar a diversos empresarios en el Estado de México. Según testimonios recabados, el implicado operaba un esquema de subcontratación de servicios que culminaba en el impago de adeudos millonarios y amenazas directas contra los proveedores.
El modelo de negocio consistía en contratar a terceros durante más de cuatro años para realizar labores de iluminación, montaje de escenarios, audio, catering e impresión. Shark BTL actuaba como intermediaria entre marcas nacionales e internacionales y los proveedores locales; sin embargo, mientras la agencia recibía los pagos de los clientes finales, los prestadores de servicios regionales absorbían los costos de operación y materiales sin recibir su remuneración.
Esquema de impagos y uso de la intimidación
De acuerdo con el testimonio de un proveedor de iluminación de Tlalnepantla, identificado como Ernesto, la agencia incrementaba los costos de los servicios y postergaba los pagos en plazos que iban desde los 30 hasta los 180 días. Una vez que los adeudos se acumulaban, el proceso de cobro era respondido con intimidación.
Ernesto detalló que, al intentar reclamar el dinero con Diego Sebastián ‘N’, este respondía con amenazas de daño físico, alegando que poseía los domicilios y datos personales de los afectados. Incluso, se reportó la presencia de personas armadas que acompañaban al empresario para amedrentar a quienes reclamaban deudas que podían alcanzar los tres millones de pesos.
Impacto en el sector empresarial y antecedentes de la agencia
La red de fraudes habría permitido un crecimiento económico para el implicado, a pesar de que Shark BTL contaba con reconocimientos internacionales, como el premio de empresa del año en el Festival Internacional FIP en Buenos Aires durante 2017. No obstante, el éxito comercial de la firma contrastaba con la situación de sus proveedores.
Ante el temor de represalias y la desconfianza en la capacidad de las autoridades para recuperar los recursos, muchos empresarios optaron por no denunciar o declararse en quiebra. El esquema de fraude presuntamente concluía cuando la empresa dejaba de pagar para posteriormente cerrar o cambiar de razón social y reiniciar operaciones bajo un nuevo nombre.
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