La segunda licencia solicitada por Rubén Rocha Moya para dejar la gubernatura de Sinaloa evitó que el sistema financiero mexicano y las instituciones bancarias enfrentaran un dilema operativo complejo. Según el análisis de la columnista Jeanette Leyva, la permanencia del funcionario en su cargo representaba un riesgo práctico para la gestión de los recursos estatales.
El núcleo del conflicto radica en que Rocha Moya fue incluido en la Lista de Personas Bloqueadas (LBP) de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Esta medida se derivó de las acusaciones realizadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde se le señala de haber participado en esquemas para facilitar el tráfico de drogas en Sinaloa.
Implicaciones legales para los bancos
La situación de Rocha Moya planteaba un obstáculo operativo para el Gobierno de Sinaloa debido a las restricciones que impone la normativa financiera. La columnista Jeanette Leyva explicó que el problema real no era solo la continuidad jurídica del gobernador, sino la operatividad de las cuentas públicas.
“El supuesto es importante, porque el problema nunca fue solamente si Rocha Moya podía continuar jurídicamente como gobernador, sino qué habría ocurrido en la práctica con su relación con los bancos y con las operaciones financieras de un gobierno que necesitaba seguir funcionando y su titular es señalado por Estados Unidos como cooperante con el narco”
De acuerdo con la información analizada, el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito exige que los bancos suspendan de inmediato cualquier servicio o transacción con usuarios que aparezcan en la lista de la UIF. Esto habría complicado la administración del estado en momentos donde se requiriera la intervención directa del gobernador, ya sea mediante firmas, autorizaciones o instrucciones financieras.
Riesgos de sanciones internacionales
Además de la dificultad para ejecutar pagos o movimientos de dinero, las instituciones de crédito en México habrían quedado expuestas a posibles sanciones. Esto se debe a los vínculos que mantienen los bancos mexicanos con entidades financieras internacionales, las cuales podrían haber reaccionado ante la gestión de recursos de un gobierno cuyo titular está señalado por autoridades estadounidenses.
Respecto al proceso político en Sinaloa, el Congreso estatal suspendió la sesión extraordinaria que debía designar a un gobernador interino tras la petición de licencia de Rocha Moya. Diputados de la oposición criticaron que la suspensión se notificara de forma repentina y sin explicaciones claras, mientras que en las calles se registraron protestas de ciudadanos que exigían su salida definitiva del cargo.
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