La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, enfrenta una investigación por parte del gobierno de los Estados Unidos debido a supuestos vínculos con el crimen organizado. La información, confirmada mediante contactos en territorio estadounidense, señala que la indagatoria incluye también a su exesposo, Carlos Torres, y a otras personas relacionadas con la mandataria estatal.
A través de una serie de audios filtrados, se ha revelado que las agencias de seguridad norteamericanas, incluyendo al FBI y al Departamento de Justicia, han mantenido contacto con la funcionaria. En las grabaciones, se sugiere la posibilidad de que la gobernadora firme una proffer letter, un mecanismo legal en Estados Unidos donde una persona bajo investigación ofrece información a la fiscalía a cambio de que dichos datos no se utilicen directamente en su contra durante un juicio.
Detalles de la investigación y ofrecimiento de acuerdo
El último audio disponible, difundido recientemente, muestra a un intermediario advirtiendo a la gobernadora que la firma de este acuerdo sería su “última oportunidad” para evitar sanciones o cargos legales. Ante la incertidumbre sobre los delitos específicos, un agente estadounidense indicó que no podía discutir los detalles, pero recomendó la preparación de la carta para que su abogado gestione la situación.
La investigación parece haber cobrado relevancia tras la revocación de la visa de turista de la gobernadora en mayo pasado, hecho que ella calificó inicialmente como un trámite administrativo. No obstante, las filtraciones sugieren que la medida fue consecuencia de las indagatorias oficiales. En los audios, Marina del Pilar manifestó su disposición para cooperar, señalando en una ocasión:
“¿No me pueden decir ni de qué quieren les hable? Porque si no hay, o sea, yo puedo saber o escuchar muchas cosas de seguridad, pero si hay algo en particular que ellos quieran saber”.
Asimismo, la mandataria expresó su preocupación por posibles repercusiones legales en las grabaciones:
“No me van a levantar cargos de esto, una orden de extradición; estoy dispuesta siempre a hablar de todo que yo pueda saber cómo apoyar, cómo cooperar”.
Postura del Gobierno de Baja California
Frente a estas acusaciones, la administración estatal ha tomado distancia de los acuerdos propuestos. Jesús Romandía, secretario particular de la gobernadora, aclaró que la mandataria no ha suscrito ningún documento de este tipo con las autoridades extranjeras.
Por su parte, Marina del Pilar ha negado desconocer las investigaciones y ha sostenido que los audios presentados han sido manipulados. La gobernadora afirmó que fue víctima de una “emboscada psicológica” y atribuyó la situación a una trampa orquestada por el exgobernador Jaime Bonilla Valdez.
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