El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum reclamó públicamente este martes a Estados Unidos por no extraditar a México al abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, acusado de delincuencia organizada, lavado de dinero y evasión fiscal, junto a su esposa, la actriz Inés Gómez Mont. La solicitud formal de captura y entrega fue enviada a Washington apenas el pasado 4 de diciembre de 2025, a pesar de que un juez mexicano había ordenado su aprehensión en 2021.
Justificación de la negativa estadounidense
El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, detalló que las autoridades estadounidenses rechazaron detener a Álvarez Puga argumentando que el delito de delincuencia organizada que se le imputa en México no es considerado un crimen violento. El caso fue expuesto durante la conferencia matutina del ejecutivo federal para ejemplificar lo que calificaron como una “falta de reciprocidad” por parte de Washington en materia de extradiciones.
Esta controversia bilateral se presenta en un contexto de tensión por la solicitud de Estados Unidos para que México capture y extradite al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, acusado de tener nexos con el crimen organizado.
Demora en el proceso y esquema de desfalco
La información oficial revela una prolongada demora de cuatro años para pedir formalmente la colaboración estadounidense. Álvarez Puga es investigado por la Fiscalía General de la República por un presunto desvío de 3.000 millones de pesos de la Secretaría de Gobernación durante la administración de Enrique Peña Nieto. Según la investigación, una estructura de empresas fachada simuló contrataciones para apropiarse de los recursos, que posteriormente fueron blanqueados mediante múltiples movimientos bancarios.
Al menos 18 millones de pesos habrían terminado en las cuentas del abogado y su cónyuge. Reconocido como el principal operador del fraude con empresas factureras en México, se le señala como el arquitecto de un esquema que utilizaba compañías de papel para emitir comprobantes fiscales falsos y desviar millones del erario público.
Trámite migratorio y vida en Estados Unidos
La solicitud de extradición de diciembre pasado parece responder a un intento del gobierno mexicano de aprovechar que Álvarez Puga había sido detenido por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos debido a problemas con su estatus migratorio. Sin embargo, para entonces el abogado ya había obtenido un salvoconducto judicial en ese país.
El ICE lo había aprehendido el 24 de septiembre de 2025 bajo una orden migratoria e inició un proceso de deportación. Tras reclamar que no se le concedió una audiencia individual para fijar fianza, un tribunal falló a su favor el 15 de octubre, ordenando que se le otorgara dicha audiencia o se le liberara, además de prohibir su traslado fuera del distrito judicial. Para principios de diciembre, el acusado ya no estaba bajo custodia.
Estancia irregular y patrimonio en Florida
Su situación migratoria irregular en Estados Unidos data de enero de 2021, meses antes de que se emitieran las órdenes de captura en su contra en México. En julio de ese año, cerca del vencimiento de su estancia legal, viajó a Las Bahamas y reingresó a Estados Unidos por barco sin pasar por inspección migratoria. Desde entonces, residió de manera irregular en Florida, estado donde él y su esposa acumularon un considerable patrimonio inmobiliario.
En julio de 2021, la pareja solicitó un crédito hipotecario dejando como garantía dos mansiones en Florida, una adquirida en Miami ese mismo mes y otra comprada en Palm Beach en 2019, con un valor conjunto de 11,3 millones de dólares. Al ser demandados por la firma crediticia, transfirieron en 2023 la propiedad de Miami a una empresa presidida por Andrea Morán, cuñada de Álvarez Puga. También alquilaron un departamento de lujo en Miami por el que acumularon deudas, y en 2017 compraron en esa ciudad una mansión que perteneció a la cantante Cher.
Red de protección y alcance del caso
La investigación en México contra Álvarez Puga inició durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Paradójicamente, según se señala, altos funcionarios de esa administración habrían protegido al litigante y retrasado la orden de captura hasta que él ya se encontraba seguro en Estados Unidos. El retraso de cuatro años en la solicitud de extradición sugiere la extensión de su red de protección, que, de acuerdo con investigaciones periodísticas, incluía políticos de diversos partidos, jueces, abogados, empresarios y figuras del espectáculo.
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