Rubén Rocha Moya, mandatario de Morena en Sinaloa, pidió este viernes una licencia temporal de su cargo al Congreso local, luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusara, junto a otros nueve funcionarios y exfuncionarios, de tener nexos con el Cartel de Sinaloa. El gobernador negó categóricamente las imputaciones en una conferencia de prensa, afirmando que no permitiría que se dañara al movimiento político al que pertenece.
Reacción del gobierno mexicano
Horas antes del anuncio del gobernador, la Fiscalía mexicana había señalado que la solicitud de detención y extradición de Estados Unidos no contaba con las pruebas necesarias. Raúl Jiménez, fiscal de asuntos internacionales, declaró que “No existen pruebas anexas al pedimento que acrediten la comisión de un presunto delito”. La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó una postura defensiva, insinuando que las acusaciones podrían tener un objetivo político.
La licencia de Rocha Moya abre la posibilidad a una investigación por parte de la Fiscalía General de la República en México, aunque la postura oficial es esperar más evidencia de las autoridades estadounidenses antes de proceder a una posible detención y extradición.
Negativa y sucesión temporal
En un mensaje breve, el gobernador de 76 años aseguró tener la conciencia tranquila y calificó las acusaciones como falsas y dolosas. “A mi pueblo y a mi familia los puedo ver de enfrente porque no los he traicionado ni los traicionaré”, dijo Rocha Moya, comprometiéndose a demostrar su inocencia ante las autoridades mexicanas. Se anticipa que el Congreso local sesione de emergencia este sábado para tratar su solicitud, y se espera que Yeraldine Bonilla, secretaria de Gobierno, asuma el cargo de forma interina.
Acusaciones y otros implicados
La acusación estadounidense, hecha pública el miércoles, señala a Rocha Moya como la figura principal de un grupo que incluye al senador Enrique Inzunza Cázarez, empresarios y exfuncionarios de seguridad. Se les acusa de recibir sobornos y colaborar con la facción de Los Chapitos, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, para facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y proteger a los líderes del cártel.
El documento judicial afirma que los acusados recibieron millones de dólares a cambio de información sobre operativos policiales y militares, aunque las autoridades mexicanas han cuestionado la existencia de pruebas concretas.
Repercusión en el municipio
Siguiendo el ejemplo del gobernador, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, quien también está mencionado en la acusación, solicitó y obtuvo una licencia de diez días de su cargo. El Cabildo aprobó por unanimidad su separación temporal, dejando a la síndica Ana Ramos como alcaldesa interina de la ciudad, mientras se pone a disposición para la investigación.
Leave a Reply