El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de esa entidad fueron formalmente acusados por una corte federal de Estados Unidos, integrando una lista de 38 imputados que incluye a los líderes del Cártel de Sinaloa conocidos como Los Chapitos, sus operadores y proveedores internacionales. La acusación de reemplazo, presentada el 29 de abril de 2026 en el Distrito Sur de Nueva York, detalla una red criminal dedicada al tráfico de fentanilo y alega sobornos sistemáticos a autoridades mexicanas para garantizar impunidad.
La estructura criminal y sus operaciones
El expediente judicial señala a Iván Archivaldo, Jesús Alfredo y Ovidio Guzmán López, hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, como los principales líderes de la facción más poderosa del cártel, enfrentando cargos que podrían resultar en cadena perpetua obligatoria. Bajo su mando operaba un aparato de seguridad dirigido por Óscar Noé Medina González, Néstor Isidro Pérez Salas y Jorge Humberto Figueroa Benítez, este último ya ejecutado en 2025, quienes coordinaban a los sicarios. La organización contaba con una docena de lugartenientes y operadores para mover la droga desde México hacia Estados Unidos, y al menos dos de ellos, Mario Alberto Jiménez Castro y Sergio Duarte Frías, utilizaban criptomonedas para lavar dinero.
Proveedores internacionales y vínculos transnacionales
Para la fabricación del fentanilo, el cártel dependía de precursores químicos importados desde China. La acusación identifica a cuatro proveedores chinos: Kun Jiang, Yonghao Wu, Yaqin Wu y Huatao Yao. La intermediaria entre estos proveedores y la organización criminal era la empresaria guatemalteca Ana Gabriela Rubio Zea, quien ya se declaró culpable y fue sentenciada a seis meses de prisión.
La infiltración en las instituciones de Sinaloa
La parte más destacada de la acusación se centra en la presunta corrupción de funcionarios públicos. Según el documento, Rubén Rocha Moya, quien recientemente solicitó licencia como gobernador, se habría reunido con Iván y Ovidio Guzmán antes de las elecciones de 2021, prometiendo colocar a personas afines al cártel en puestos clave del gobierno estatal a cambio de asegurar su victoria electoral. El expediente menciona que el día de los comicios, sicarios robaron papeletas e intimidaron a candidatos opositores, mientras la Policía Estatal recibió órdenes de no intervenir.
Red de sobornos y protección institucional
Otros funcionarios acusados incluyen al senador en activo Enrique Inzunza Cázarez y al exsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega. El documento alega que Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal general, recibía sobornos mensuales de aproximadamente 11,000 dólares para alertar al cártel sobre investigaciones de la DEA. Los exjefes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado, Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez, habrían recibido cada uno cerca de 16,000 dólares mensuales por permitir el libre tránsito de precursores químicos y liberar a miembros del cártel detenidos.
Implicaciones de seguridad y justicia
Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública, habría aceptado sobornos superiores a los 100,000 dólares mensuales y advertido al cártel sobre redadas. José Antonio Dionisio Hipólito, excomandante de la Policía Estatal, colocó agentes afines a la organización y les vendió munición. Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán, habría permitido operaciones criminales sin interferencia. El caso más grave entre los funcionarios corresponde a Juan Valenzuela Millán, excomandante municipal, quien además de los cargos de narcotráfico enfrenta acusación por secuestro con resultado de muerte, relacionado con la tortura y asesinato de una fuente confidencial de la DEA y un menor de 13 años.
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