El Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) tiene un nuevo líder: Juan Carlos Valencia González, hijastro de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como ‘El Mencho’, fundador de la organización criminal, quien murió durante un operativo de las Fuerzas Especiales del Ejército mexicano. Así lo reveló un informe del The Wall Street Journal, citando a funcionarios mexicanos y estadounidenses que confirmaron el relevo a principios de marzo de 2026, tras el entierro de Oseguera en un féretro dorado.
Ascenso de una figura clave en la estructura criminal
Valencia González, de 41 años y nacido en California, Estados Unidos, se ha consolidado como la nueva cabeza del CJNG, marcando lo que analistas describen como la consolidación de una dinastía familiar al frente del cartel. Según documentos del gobierno estadounidense, Nemesio Oseguera Cervantes era padrastro del nuevo líder, cuya madre es Rosalinda González Valencia, esposa del fundador del CJNG.
La Dirección de la Administración para el Control de Drogas (DEA) ha investigado a Valencia González por su participación directa en la fabricación, transporte y distribución de toneladas de narcóticos, así como en la planificación de múltiples actos de violencia vinculados al crimen organizado.
Identidades y alias conocidos
El ahora líder del CJNG es conocido por múltiples alias, entre ellos ‘El R-3’, ‘Pelón’, ‘El JP’, ‘Tricky Tres’ y ‘O3’, según fuentes estadounidenses. En julio de 2020, durante una conferencia de prensa encabezada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval González, analizó videos del Grupo Elite, brazo armado del CJNG, identificando a uno de sus líderes como Juan Carlos González, alias ‘El R-3’, coincidiendo con la identidad de Valencia González.
Acusaciones y recompensa por su captura
El 8 de octubre de 2020, una corte federal en el Distrito de Columbia emitió una acusación formal contra Juan Carlos Valencia González por conspiración para distribuir sustancias controladas con intención de importarlas ilegalmente a Estados Unidos, así como por el uso de armas de fuego durante transacciones de drogas. Por estos cargos, el Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca a su captura o condena.
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