Tras más de 15 años de litigios, Ricardo Salinas Pliego ha iniciado el cumplimiento de un acuerdo fiscal con el gobierno mexicano al depositar 10.400 millones de pesos, como parte de un compromiso total por 32.133 millones, informó el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Esta cantidad representa un descuento del 37% respecto a los 51.000 millones que originalmente exigía la autoridad, gracias a un beneficio legal disponible para quienes pagan de forma voluntaria, que permite ajustes de hasta el 39%.
Fin de una batalla legal prolongada
El Grupo Salinas reconoció el pago como un paso para “dar vuelta a la página” y “poner fin a la persecución”, enfocándose en “seguir creando valor para México”. Aunque reiteró su desacuerdo con la autoridad fiscal, señaló que el monto final excede “los límites de los acuerdos originalmente pactados en 2024”, afirmación que ha sido desmentida en múltiples ocasiones por el gobierno de Claudia Sheinbaum, que niega la existencia de dichos acuerdos. Cabe destacar que la cifra a pagar es inferior tanto al monto inicial de 36.000 millones que originó el conflicto como a los importes acumulados por recargos.
Este desenlace representa un hito para la Hacienda pública, que durante casi dos décadas no logró avanzar en la cobranza de esta deuda. La actual administración impulsó cambios estructurales que facilitaron el cierre del caso, entre ellos la renovación de los nueve ministros de la Suprema Corte mediante votación popular, lo que permitió reactivar casi una decena de juicios fiscales que permanecían congelados.
Reforma clave y presión legal creciente
La modificación al recurso de amparo fue el segundo factor determinante: diseñada para limitar las herramientas legales que usan los grandes deudores, esta reforma dejó sin opciones a Salinas Pliego, enfrentándolo a una disyuntiva clara: pagar con descuento o arriesgarse al embargo de sus activos. El esquema permitió al Estado aumentar la recaudación fiscal el año pasado en un 4,8%, lo que equivale a 500.000 millones de pesos.
Inicialmente, el empresario amenazó con llevar la disputa al ámbito internacional al presentar una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), acusando al gobierno de “persecución política”. Sin embargo, no se ha aclarado si retirará o mantendrá esa denuncia, aunque a nivel nacional ha optado por cerrar el conflicto.
Repercusiones políticas y futuro incierto
El magnate celebró el acuerdo con un mensaje en redes sociales: “Hoy comienza una nueva etapa. Optimismo y voluntad. Habrá grandes resultados”. Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum ha enfatizado que el asunto es exclusivamente fiscal, el conflicto adquirió matices políticos por los constantes cruces verbales entre ambas partes. Salinas Pliego, dueño de Elektra y TV Azteca, se ha posicionado como una figura destacada de la oposición, aprovechando su influencia en redes para promover lo que llama “la batalla cultural”.
No ha descartado una posible candidatura presidencial en 2030, lo que ha generado especulaciones en torno a su rol futuro, especialmente en el PAN, que busca liderazgos alternativos. Sus declaraciones políticas sugieren que mantiene abierta esa posibilidad, sin definirse formalmente. Pese a su influencia mediática, no logró evitar un desenlace desfavorable en un caso que durante años creyó poder esquivar. Tras más de una década y media, el pago se concretará.
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