La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo salió en defensa del nombramiento de Rosaura Martínez Ruíz, hija de Rosaura Ruíz —secretaria de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación—, como nueva integrante de la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria negó categóricamente que se tratara de una imposición o un “dedazo” por parte del gobierno federal.
Respaldo a la autonomía universitaria
Sheinbaum enfatizó que el proceso de designación es competencia exclusiva del Consejo Universitario de la UNAM, órgano autónomo encargado de nombrar a los miembros de la Junta de Gobierno, quienes a su vez tienen la facultad de designar al rector o rectora y a los directores de escuelas y facultades.
“No sabía, apenas es noticia para mí. Eso lo decide el Consejo Universitario en la UNAM”
, afirmó la jefa del Ejecutivo, indicando que el anuncio le fue sorpresivo.
Destacó que el Consejo Universitario está integrado por profesores y estudiantes electos democráticamente mediante voto popular, lo que, según señaló, otorga legitimidad al proceso.
“Entonces no es que sea un dedazo, digamos”
, expresó, minimizando las acusaciones de nepotismo o conflicto de interés.
Autonomía y democratización del modelo universitario
La presidenta reconoció que, históricamente, se ha debatido sobre la necesidad de democratizar aún más el esquema de gobierno de la UNAM, pero reiteró que este tipo de decisiones son asuntos internos y autónomos de la institución.
“La Universidad Nacional Autónoma de México tiene un esquema de gobierno que durante muchos años dijimos que debería democratizarse, pero es un asunto autónomo de la UNAM”
, sostuvo Sheinbaum Pardo, reafirmando el respeto del gobierno federal hacia la autonomía constitucional de la máxima casa de estudios.
La designación de Rosaura Martínez Ruíz, junto con otros dos nuevos integrantes, ha generado críticas y cuestionamientos sobre posibles vínculos de interés. Sin embargo, la mandataria insistió en que el proceso se ajusta a los mecanismos establecidos por la propia universidad, descartando cualquier tipo de intervención gubernamental.
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