La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, presentó una iniciativa denominada Ley de Rentas Justas, enviada en febrero de 2026 al Congreso local, con el fin de establecer límites claros en los aumentos de alquiler y proteger a las familias capitalinas frente al encarecimiento de la vivienda. La medida responde al creciente impacto económico que representa el pago de renta para miles de hogares, muchos de los cuales destinan una parte significativa de sus ingresos a este gasto.
Regulación del mercado de alquiler
El pilar fundamental de la propuesta es impedir incrementos desproporcionados en las rentas, estableciendo que los aumentos anuales no podrán exceder la tasa de inflación. Esta medida busca generar estabilidad tanto para arrendatarios como para propietarios, al fijar un marco previsible para la actualización de precios. Aunque no se contempla un congelamiento total de las rentas, sí se habilita la intervención gubernamental en casos donde se detecten prácticas abusivas o aumentos que amenacen el acceso a la vivienda.
La iniciativa también promueve una regulación más transparente del mercado de arrendamiento, con el objetivo de erradicar prácticas desleales y garantizar condiciones equitativas en los contratos.
Defensa de los derechos inquilinos y combate a la gentrificación
Uno de los aspectos más sensibles de la propuesta es su enfoque en frenar los efectos de la gentrificación, fenómeno que ha provocado el desplazamiento de familias históricas en colonias con alta presión inmobiliaria. Para atender esta problemática, se plantea la creación de una Defensoría Inquilinaria, un organismo encargado de mediar en conflictos entre inquilinos y propietarios, así como de proteger los derechos de ambas partes en temas relacionados con contratos, pagos y desalojos.
Vinculación con políticas habitacionales integrales
La Ley de Rentas Justas se enmarca dentro de una estrategia más amplia de vivienda digna. Entre los programas que complementan esta iniciativa destaca Otoch, que para 2026 contará con una inversión de 600 millones de pesos para rehabilitar más de 2 mil 500 conjuntos habitacionales. Las intervenciones incluyen mejoras en mantenimiento, iluminación, seguridad e infraestructura, con el fin de fortalecer la calidad de vida y la permanencia de las comunidades.
“La iniciativa responde a un escenario en el que miles de personas destinan una proporción excesiva de sus ingresos al pago de renta, lo que limita su capacidad de ahorro y afecta su estabilidad económica”
Según el gobierno capitalino, el desequilibrio en el mercado de alquiler ha colocado el tema de la vivienda en el centro del debate público. De aprobarse, esta ley posicionaría a la Ciudad de México como un referente nacional en materia de derechos habitacionales y regulación justa del mercado inmobiliario.
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