Alma Abigail Salazar Castillo, detenida en abril de 2023 en Teoloyucan, Estado de México, enfrenta una pena de 10 años de prisión tras una sentencia inicial de 40 años por un caso que su defensa califica de grave error judicial. La mujer, madre soltera de tres hijos y trabajadora del gremio de la construcción, asegura que solo acudió a cobrar una deuda de 1.000 pesos derivada de una tanda, un sistema informal de ahorro común en comunidades de bajos ingresos. La autoridad estatal la acusó de extorsión, pese a que no existen pruebas materiales ni testigos del delito.
Detención en medio del caos y sin claridad legal
El día de su detención, Salazar acudió al domicilio de una vecina, con quien tenía trato desde que ambas coincidieron en la escuela donde ella trabajaba como conserje. La mujer, identificada como Ana en el expediente, la citó para entregarle el dinero correspondiente a su turno en la tanda. Sin embargo, al llegar acompañada de su hija menor, fueron interceptadas por hombres armados vestidos de civil que las separaron a la fuerza. “Le toqué la puerta y salió su suegro, la esperé dos minutos. Salió ella y me dijo que la esperara, pero cuando se metió de nuevo a su casa llegó un carro color negro y se bajaron unas personas, eran puros hombres vestidos de negro, con armas y con chalecos. Nos comenzaron a jalonear para meternos al coche. Yo lo único que hice fue decirles que yo me subía, pero que dejaran a mi hija, que no le hicieran nada”, relató Salazar.
Durante el traslado, que duró alrededor de 40 minutos, fue sometida a tratos degradantes: mantenida con la cabeza cubierta, golpeada, insultada y amenazada con no volver a ver a sus hijos. No fue sino hasta tres días después, en una videollamada judicial, que supo que estaba acusada de extorsión. “Yo no sabía en ese momento lo que era una extorsión hasta que llegué aquí al penal. Mientras, no sabía ni de qué se trataba”, confesó.
Falta de pruebas y contradicciones en la acusación
La Fiscalía del Estado de México basó su acusación en la declaración de la presunta víctima, quien afirmó que Salazar acudió en varias ocasiones con dos cómplices para exigirle dinero bajo amenazas. Sin embargo, los supuestos cómplices nunca fueron identificados ni localizados, y en su primera declaración, Ana aseguró no conocer a Salazar ni a los hombres. Posteriormente, en un dictamen psicológico, reconoció a Salazar como “Abi” y como vecina, contradiciendo su versión inicial.
Carlos Olvera, abogado de la defensa, señaló que “del lado de la víctima no había pruebas, más que su dicho. Porque la policía llega y no ve ni escucha la supuesta extorsión, la víctima solo dice: ‘es esta señora’, y se la llevan”. A pesar de ello, se dictaminó una pena inicial de 40 años, justificada por el agravante de género, ya que la víctima es mujer. Olvera explicó que “no se la bajan por las pruebas, sino por un tema de proporcionalidad. Es decir, que han revisado y concluyen que la pena es muy alta en cuanto a la proporcionalidad de la extorsión. Una pena demasiado alta para el hecho”.
Impacto familiar y lucha por la justicia
Salazar ha criado a sus tres hijos —de 20, 19 y 17 años— de manera independiente. Desde prisión, sostiene que su hija mayor cambió su vocación de bióloga marina para estudiar Derecho penal, motivada por la injusticia que vive su madre. Los otros dos no continuaron estudios superiores debido a necesidades económicas. “Ella quería ser bióloga marina, pero las circunstancias la orillaron a estudiar leyes y mis otros dos hijos solo llegaron a la secundaria, ya no estudiaron porque tenían que solventar sus gastos”.
La defensa actual, integrada por Olvera y Mariel Avendaño, asumió el caso tras detectar negligencia de una abogada anterior que no presentó pruebas ni estrategia. Avendaño resaltó que “la autoridad no consideró en ningún momento que Alma acudió al lugar para cobrar una tanda: una actividad usual entre mujeres, especialmente en zonas de bajos recursos. La Fiscalía y el Poder Judicial omitieron analizar con perspectiva de género esta dinámica desde la realidad de las mujeres que recurren a microfinanzas informales como forma de supervivencia”.
Respaldo ciudadano y esperanza de libertad
La fundación Mujeres Unidas por la Libertad A.C. fue la única organización en intervenir en el caso, facilitando el acceso a una defensa efectiva. Actualmente, se ha presentado un amparo directo ante el Cuarto Tribunal Colegiado del Estado de México, a cargo de la magistrada Lorena Basurto Lucas, cuya resolución podría determinar la nulidad del proceso o la libertad inmediata de Salazar.
Tras casi tres años en prisión, Salazar mantiene su inocencia: “Yo solo quiero justicia. Porque aquí la mayoría de las personas que estamos presas somos inocentes. Hay tanta gente afuera que realmente mata, que se dedica a extorsionar, que siguen libres”. Su caso ha encendido alertas sobre el uso desproporcionado de penas y la criminalización de la pobreza en contextos de informalidad económica.
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