La máxima responsable de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos, Sara Carter, notificó que su gobierno mantiene en la mira a autoridades mexicanas sospechosas de nexos con el narcotráfico y subrayó que el presidente Donald Trump adoptará medidas frente a quienes declinen colaborar en el combate a estas organizaciones.
Advertencia de la funcionaria estadounidense
Durante una conversación con el conductor Jan Jekielek en el espacio American Thought Leaders, la denominada “zarina antidrogas” recalcó que la administración de Trump “está apuntando” específicamente a servidores públicos del estado de Sinaloa que, según las acusaciones, integran la red criminal del Cártel de Sinaloa, incluyendo a sus segmentos conocidos como Los Mayos y Los Chapitos.
Carter fundamentó esta postura afirmando:
“Podemos hacerlo, en primer lugar, porque el gobierno mexicano, como muchos de los gobiernos de nuestro hemisferio, sabe que el presidente Donald Trump cumple lo que dice”
. Y añadió:
“Si él dice (Trump): ‘Vamos por ustedes. Si no cooperas con nosotros, los vamos a poner en la mira y se van a arrepentir’; entonces la pregunta es: ¿quieren cooperar? Sí o no”
.
Acciones de colaboración y casos específicos
La directora de la ONDCP especificó que entre las labores ejecutadas en coordinación con las autoridades mexicanas se encuentran la emisión de órdenes de aprehensión y los procesos de extradición de traficantes de drogas.
Resaltó particularmente los logros obtenidos contra el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, señalando:
“Vimos avances significativos en México, especialmente contra Nemesio Oseguera Cervantes y el Cártel Jalisco Nueva Generación, cuando pudimos actuar contra ‘El Mencho’. Lo hicimos mediante nuestro trabajo de inteligencia, pero aprovechando la colaboración de la Guardia Nacional mexicana.”
.
Acusaciones formales contra funcionarios
Este anuncio se produce luego de que, el 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos difundiera una acusación formal de la fiscalía federal para el Distrito Sur de Nueva York. El escrito implica al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto a otros nueve servidores públicos estatales, por supuestos lazos con el Cártel de Sinaloa.
Rocha Moya es acusado de conspiración para importar estupefacientes, así como de posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, delitos que podrían acarrearle una sentencia que oscila entre cuatro décadas de prisión y cadena perpetua.
En la lista de señalados también figuran el senador del partido Morena, Enrique Inzunza; el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; y el general retirado Gerardo Mérida Sánchez, quien se presentó ante las autoridades estadounidenses y compareció en un tribunal neoyorquino.
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