Las autoridades de México enfrentan acusaciones de ser superadas o cómplices en un contexto de impunidad, según un informe de la ONU que califica las desapariciones forzadas en el país como crímenes de lesa humanidad cometidos de manera generalizada y sistemática.
Respuesta oficial y tensión internacional
El gobierno mexicano ha iniciado una nueva fase de fricciones con las Naciones Unidas tras la publicación de ese documento. El Comité contra la Desaparición Forzada (CED) del organismo internacional ha solicitado que el caso sea elevado a la Corte Penal Internacional.
El informe destaca fallas estructurales profundas en el manejo de la crisis de personas desaparecidas, apuntando directamente a la responsabilidad del Estado.
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