La administraci\u00f3n de la presidenta Claudia Sheinbaum ha puesto en marcha una estrategia de comunicaci\u00f3n pol\u00edtica masiva que busca separar la imagen de Guadalupe Taddei de la estructura de Morena. Seg\u00fan reportes, este despliegue de mensajes coordinados desde Palacio Nacional tiene como objetivo anticipar posibles procesos legales contra exfuncionarios del IFE y el INE, al tiempo que busca proteger la imagen del partido ante cuestionamientos sobre irregularidades en el organismo electoral.<\/p>\n
La maniobra informativa se caracteriza por la distribuci\u00f3n de “ideas fuerza” entre gobernadores, legisladores y dirigentes partidistas para asegurar que la narrativa oficial se replique de forma constante. Recientemente, 18 gobernadores de Morena emitieron mensajes o cartas en plataformas digitales con el fin de respaldar la postura de la presidenta y distanciar a Taddei de la formaci\u00f3n pol\u00edtica. Se detect\u00f3 que mandatarios estatales como Graciela Dom\u00ednguez, Margarita Gonz\u00e1lez Saravia, Salom\u00f3n Jara, Eduardo Ram\u00edrez y Am\u00e9rico Villarreal difundieron comunicados con estructuras y argumentos casi id\u00e9nticos.<\/p>\n
Estos mensajes sostienen que las investigaciones sobre Taddei deben remontarse a d\u00e9cadas atr\u00e1s y que no se trata de juicios anticipados, sino de esperar los resultados de las autoridades. Otros 13 gobernadores tambi\u00e9n se sumaron a esta l\u00ednea de comunicaci\u00f3n, siguiendo las directrices establecidas por la presidencia y la secretaria de Anticorrupci\u00f3n y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, quien present\u00f3 una investigaci\u00f3n sobre presuntas irregularidades en contratos y adjudicaciones dentro del INE y los organismos electorales locales.<\/p>\n
La estrategia, que algunos analistas describen como una transici\u00f3n de la contenci\u00f3n al ataque, busca trasladar la responsabilidad de posibles actos de corrupci\u00f3n a gestiones de expresidentes del organismo electoral como Jos\u00e9 Woldenberg, Luis Carlos Ugalde, Leonardo Vald\u00e9s y Lorenzo C\u00f3rdova. En este contexto, la Auditor\u00eda Superior de la Federaci\u00f3n ha se\u00f1alado contar con testimonios y pruebas que podr\u00edan sustentar acciones legales contra dichos exdirigentes.<\/p>\n
Diversos funcionarios y gobernadores han manifestado su apoyo a la transparencia para blindar al movimiento. La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, coment\u00f3: <\/p>\n
“Si las primeras revisiones confirman que las empresas se\u00f1aladas por presuntas irregularidades llevan dos d\u00e9cadas contratando con el INE, la investigaci\u00f3n no puede limitarse \u00fanicamente a la gesti\u00f3n actual. Tambi\u00e9n debe esclarecerse qu\u00e9 ocurri\u00f3 durante las presidencias anteriores, qui\u00e9n autoriz\u00f3 y supervis\u00f3 esos contratos y si existieron omisiones o responsabilidades que deban investigarse”<\/p><\/blockquote>\n
. Por su parte, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, sostuvo que <\/p>\n
“investigar y combatir la corrupci\u00f3n dentro de las instituciones fortalece nuestra democracia”<\/p><\/blockquote>\n
. <\/p>\n
Finalmente, la narrativa oficial intenta argumentar que las controversias actuales son herencias de administraciones pasadas. El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, reforz\u00f3 esta postura al se\u00f1alar: <\/p>\n
“No se puede responsabilizar a un movimiento por pr\u00e1cticas que vienen de d\u00e9cadas atr\u00e1s. Las responsabilidades tienen nombre y apellido, y la historia no se reescribe para acomodar culpas”<\/p><\/blockquote>\n
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